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El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió no promover una controversia constitucional en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (#LeyTelecom).
Así es, el organismo que se encarga de regular las telecomunicaciones (en provecho de, se supone, la ciudadanía) ha decidido rechazar la propuesta presentada por las Comisionadas María Elena Estavillo y Adriana Labardini para promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de «determinado artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión y de Metrología y Normalización».
Según Labardini, su comisión identificó 52 artículo probelmáticos: 41 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 7 de sus transitorios y 4 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
«En todos estos casos el criterio a considerar fue si hubo una posible afectación a la esfera de competencias y atribuciones constitucinales, así como la autonomía del IFT»
El IFT tenía hasta el 10 de septiembre para interponer una controversia constitucional en caso de que considerara que existe una invasión a sus facultades en las leyes secundarias de la #LeyTelecom.
Recordemos que, para muchos especialistas, las leyes secundarias invaden las funciones del instituto y le resta autonomía supeditándolo al Ejecutivo.
Para Irene Levy, presidente de Observatel:
«Incluso al propio gobierno federal le conviene la interposición de la controversia, sólo así podrá sostener que la responsabilidad de lo que pase en el sector es del instituto porque el Ejecutivo no lo controla»
IFAI tampoco impugnará
Recordemos que hace unos días el IFAI acordó abstenerse de interponer una acción de inconstitucionalidad contra esta misma ley. Según la institución los artículos 30, 189 y 190 de dicha ley que permiten la geolocalización y la creación de una base de datos de los usuarios, no contravienen los principios de acceso a la información y protección de datos personales.
Pero, según algunos comisionados del IFAI, la #LeyTelecom sí podría afectar dichos derechos, pues permite a cualquier autoridad acceder a los datos de los usuarios de telefonía para ser usados en cualquier tipo de indignación, pasando por alto los controles que actualmente incluyen otras leyes, como el de precisar qué autoridades son las responsables de tener acceso y delimitar esto solo a cierto tipo de delitos graves.
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